El avance del alquiler temporario vía plataforma ha ampliado la brecha entre quienes poseen propiedades y quienes necesitan alquilarlas, lo que genera situaciones de creciente desigualdad social. Por eso, la ciudad de Ushuaia se enfrenta a una disyuntiva: dejar que el mercado avance con una lógica extractiva sobre su comunidad, o apostar a la construcción de una sociedad más justa e igualitaria junto a un sector privado comprometido y con una conducta empresarial responsable.

Con ese espíritu, el Intendente Walter Vuoto ha liderado los esfuerzos para construir un municipio presente para un alquiler accesible y con esa orientación, concejales del espacio político abordamos el tema en el Concejo Deliberante. Buscamos diseñar una respuesta integral, compuesta por un conjunto de acciones que alteren el esquema de incentivos que opera en la economía local y que obtura el acceso al alquiler y el ejercicio del derecho a la vivienda adecuada. Y vamos dando los primeros pasos: en la sesión del pasado 6 de septiembre aprobamos un proyecto de mi autoría que declara la emergencia habitacional en la Ciudad de Ushuaia. La ordenanza apunta a generar y aplicar soluciones eficaces, oportunas y progresivas frente a la crisis descripta, y a suspender las habilitaciones comerciales destinadas a hospedajes de alquiler temporario, después de los 30 días de promulgada la ordenanza. Esta medida permitirá ordenar la creciente migración a alquiler temporario con fines turísticos, mientras se adoptan otras para incentivar el alquiler permanente.

También en esa sesión se aprobó otro proyecto de mi autoría que crea la Oficina de Información para inquilinas, inquilinos, propietarias y propietarios de la Ciudad de Ushuaia. Contar con información precisa sobre los requisitos que pueden ser exigidos por los propietarios y los que deben ser cumplidos por inquilinos, puede contribuir no solo al ejercicio del derecho al acceso a la vivienda, sino también a arribar a intercambios más respetuosos entre ambas partes en la operación inmobiliaria. Queremos empoderar a los vecinos y vecinas de la ciudad y queremos por sobre todas las cosas, mejorar la relación entre propietarios y locadores. Confiamos que el acceso a la información puede contribuir a esa meta.

Sabemos que hace falta aún avanzar en otras medidas. Estamos trabajando en ello, convencidos y convencidas de que sin hogares para nuestros vecinos, no tendremos médicos, ni docentes, ni personal en la gastronomía u hotelería. Es una agenda urgente que atraviesa a toda nuestra comunidad y que nos exige pensar soluciones integrales que impidan la concentración económica y el avance de la crueldad disciplinante del mercado. Como feminista, no se me escapa el peso que esta crisis tiene, especialmente sobre las mujeres de la ciudad, como en el caso que contaba al principio. Es por eso que, quienes desempeñamos la función pública, tenemos el deber y responsabilidad de proteger a vecinos y vecinas para construir una comunidad justa e igualitaria

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